El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) difundió el pasado jueves su última Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondiente al primer semestre de este año, en el cual comunicó que a nivel nacional el índice de pobreza se situó en 27,3% en el primer semestre del año, 1,6 puntos por arriba del segundo semestre del año pasado aunque sigue siendo inferior a las cifras del primer semestre de 2017, cuando se ubicó en 28,6%.
Las lecturas de estas mediciones también pueden ser múltiples al hacer la bajada local. Para reducirlas al mínimo posible, el relevamiento explica que la medición de la pobreza con el método de la “línea de pobreza” (LP) consiste en “establecer, a partir de los ingresos de los hogares, si estos tienen capacidad de satisfacer -por medio de la compra de bienes y servicios- un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales”.
A su vez, aclara que “para calcular la línea de pobreza es necesario contar con el valor de la CBA (Canasta Básica Alimentaria) y ampliarlo con la inclusión de bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etcétera), con el fin de obtener el valor de la Canasta Básica Total (CBT)”.
Por último, “se compara el valor de la CBT de cada hogar con el ingreso total familiar del mismo. Si el ingreso es inferior al valor de la CBT, se considera que el hogar y los individuos que lo componen se hallan por debajo de la línea de pobreza; de lo contrario, se encontrarán en el grupo de hogares y personas no pobres”, reza el apartado en el que explican la metodología empleada.
Allí, también aclaran que la “línea de indigencia” (LI) “procura establecer si los hogares cuentan con ingresos suficientes para cubrir una canasta de alimentos que satisfaga el umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas” y que “de esta manera, los hogares que no superan ese umbral o línea son considerados indigentes”.
Entre los más pobres
Con estos criterios rectores, el análisis técnico arrojó que en Argentina se registraron 11 millones de pobres y Corrientes, en el comparado nacional, no quedó muy favorecida.
La provincia con más pobreza es Santiago del Estero, en el que el 44,7% de la población no consigue cubrir la canasta total. Esto equivale al 34,6% de los hogares. Las otras dos zonas con menos recursos son Corrientes, con un 36,8% de personas en la pobreza y 29,5% de los hogares, y Concordia con un 34,7% de personas, que representan el 25,4 por ciento de los hogares.
Pero por fuera del ranking nacional de esta última medición, también está la no menos importante evolución histórica de estos indicadores, en el cual Corrientes mostró una reducción progresiva tanto en pobreza, de 40% en 2017 a 36,8% este año, mientras que en materia de indigencia el índice varió del 9,3% en el primer semestre del año pasado, al 4,3% en el mismo período de este año.
Al respecto, el ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Federico Mouliá, señaló a época que “el Gobierno trabaja en varios flancos” para “atacar” la problemática que el INDEC sintetiza en dos indicadores, y agregó que “desde Desarrollo Social, se apuesta fuerte en el fortalecimiento de emprendedores mediante políticas de asistencia para mejorar la producción y la comercialización de sus productos”.
Explicó también que “se adoptan medidas con impacto positivo tanto en las áreas de emprendedores, como de cooperativas”, además de “todas las medidas de beneficios sociales, como las tarjetas de aguas y alimentarias”.
Sobre esta última, Mouliá aludió a la “tarjeta Sapucay” que “tendrá una mejora en su monto, que valdrá unos $300. Son más de 60 mil los beneficiarios de este programa en toda la provincia” destacó el Ministro, quien no pasó por alto que “se trabaja en una tarjeta social de Aguas desde este Ministerio (Desarrollo Social), que prevé una tarifa subsidiada para un número importante de beneficiarios que ya hacen uso de la misma”.
A su vez, el funcionario remarcó que en la gestión actual, “la tendencia es esa, la de protección de los sectores más vulnerables” y en tal sentido “se trabaja en forma articulada con varios sectores del Gobierno, también con Salud Pública, como la tarjeta Mbareté para embarazadas y desde Educación”, señaló.
Desde la Casa de Gobierno, Vaz Torres confirmó la decisión del Gobierno Provincial de elevar a $2.753 millones la inversión en medidas de contención social, que se presta mediante diferentes programas.
“En lo que respecta a salud, hemos presentado la ampliación a 10 mil beneficiarios de la tarjeta Mbareté, y vamos a implementar los programas Mamá y Mbareté para Salud Mental”, anunció el ministro, quien agregó que “estos programas amplían la cobertura sanitaria a las personas más vulnerables, en el caso de la tarjeta Mbareté facilitando el acceso a los medicamentos prescritos, con amplias mejoras en cuanto a la accesibilidad”.
“Con respecto al programa Mamá, destinado a embarazadas, con el fin de garantizar la buena alimentación de esas futuras madres y los controles en cada una de las etapas de gestación”, precisó que se van a mantener las medidas para sostener los niveles alimentarios de los distintos sectores de la población fueron las anunciadas por el Gobierno, y un trabajo coordinado con comedores que dependen directamente de su cartera, que son más de un centenar, fue la información suministrada por el ministro Mouliá.
Fuente: Diario Epoca
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