El diputado Marcelo Chaín propone la Creación del Instituto Odontológico de Corrientes -IOC- a través de un proyecto de ley, que obtuvo media sanción en la sesión de este miércoles 11 de noviembre. El objetivo de la iniciativa apunta a que “los sectores más vulnerables y con menos recursos puedan acceder a controles de una manera ágil y rápida”. Por lo que es necesario “lograr la construcción de un edificio para su funcionamiento, donde se puedan realizar diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades bucodentales, que incluya a toda la población de nuestra provincia”.
El Proyecto de Ley de Creación del Instituto Odontológico de la Provincia de Corrientes obtuvo su media sanción en la sesión de este miércoles 11 de noviembre. La iniciativa es autoría del diputado Marcelo Chaín del bloque Unidos por Corrientes, quien expuso en sus fundamentaciones que “el objetivo es lograr la construcción de un edificio donde funcione el Instituto Odontológico, donde se puedan realizar diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades bucodentales, destinado a toda la Provincia”. “De concretarse este Instituto, la comunidad contaría con un beneficio directo, pudiendo acceder a prestaciones odontológicas básicas y necesarias, beneficiando ampliamente la salud”, acotó.
Por otra parte el legislador remarca que “debemos poner al alcance de todos los correntinos la posibilidad de acceder a los controles odontológicos que le permitan alcanzar una adecuada salud bucal”. En ese sentido plantea que “desde el punto de vista funcional, psicosocial y económico, la salud oral de las personas también está relacionada con su bienestar y calidad de vida”.
“Ésta iniciativa pretende que los sectores más vulnerables y con menos recursos puedan acceder a controles de una manera ágil y rápida. Por lo que se debe brindar un cuidado acorde para personas que tienen difícil acceso a los recursos básicos de la salud”.
El proyecto también tiene en cuenta la realización de la obra, por lo que de acuerdo al Artículo 4º del mismo “se establece un plazo de tres años para que el Poder Ejecutivo finalice la obra y ponga en funcionamiento el establecimiento”. Para ello “se autoriza a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a este objetivo”, tal como lo detalla el Artículo 8º de la iniciativa.
