Tiempo Santa Lucía

05 noviembre 2017

Cuidar lo que nos corresponde


A través de un proyecto de declaración, que fue aprobado por la Cámara de Diputados, se rechaza la idea del gobierno de Buenos Aires de resolver judicialmente ante la Corte Suprema de la Nación el diferendo que implicaría una pérdida 3.000 millones de pesos para Corrientes.

La iniciativa autoría de la Diputada Mancini fue acompañada por los Diputados Héctor López y Marcelo Chaín en la que rechazan la intención de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal de resolver judicialmente ante la Corte Suprema de la Nación Argentina las transferencias al Fondo del Conurbano Bonaerense, originadas en la Ley de Impuesto a las Ganancias.

“Acompañamos todas las medidas administrativas que resulten necesarias y conducentes a salvaguardar los intereses de la Provincia de Corrientes, apelando al diálogo y el consenso como la vía principal. Es imposible resolver este tema sin afectar la competencia de las provincias y del Congreso Nacional, tampoco me parece justo que el reclamo de Buenos Aires afecte los recursos de nuestra provincia que sería de 3000 millones de pesos aproximadamente afectando nuestras expectativas de desarrollo”.

“Si las provincias pierden fondos a manos bonaerenses seguiríamos sosteniendo la asimetría de un país central que es rico y uno del norte afectado por la pobreza y otro del sur ampliamente beneficiado durante la gestión anterior”.

“Buscamos una solución política, en la sesión fijamos posición, defendiendo una vez más el interés común de todos los correntinos y rechazando categóricamente la vía judicial a través de la Corte Suprema de la resolución de este conflicto”.

El Fondo del Conurbano Bonaerense fue implementado en 1992 como forma de compensación de la pérdida relativa que sufría la Provincia de Buenos Aires en la distribución secundaria dispuesta en la Ley de Coparticipación Federal. Este Fondo se integró con el 10% de la recaudación del Impuesto a las Ganancias y hasta 1996 se destinó exclusivamente a la Provincia de Buenos Aires, habiéndose impuesto a partir de esa fecha un “techo” o “tope” de 650 millones de pesos anuales, disponiéndose que el excedente se distribuyera entre el resto de las provincias con excepción de la Ciudad de Buenos Aires (que por entonces no era autónoma). Dicha suma fijada como “techo” se encuentra congelada desde hacen 22 años.

Por ello, recientemente la provincia de Buenos Aires hizo un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que solicitó que se reactive el fondo del conurbano, se declare la inconstitucionalidad de ese tope y se condene en consecuencia al Estado Nacional a reintegrar las sumas que dejo de recibir durante esos años.

Al contestar la demanda la Nación argumentó la necesidad de que se cite al resto de las provincias ya que la decisión que tome el Máximo Tribunal podría afectar a sus intereses.


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